martes, 6 de octubre de 2015

La efímera vida del Estado Catalán de Lluís Companys.

Tal día como hoy 6 de octubre de 1934, Lluís Companys proclama el “Estado Catalán”, dentro de una imaginaria e inexistente República Federal Española, que “libremente y con toda cordialidad anuncia y pide a los otros pueblos hermanos de España su colaboración en la creación de una Confederación de pueblos ibéricos”.

Estos hechos, se encuadran dentro del movimiento insurreccional producido por la entrada de la CEDA – formación política de derechas - en el gobierno de la República, acontecido tras las elecciones generales de  1933, siendo conocidos en la historia como  los “hechos del seis de octubre”.

Dicho día, coincidiendo con la Revolución de Asturias, el Presidente de la Generalidad Lluís Companys, perteneciente a Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó el Estado Catalán o República Catalana de una manera unilateral y sin contar con nadie.

El intento fue abortado por el gobierno de la República, siendo Companys detenido y preso y el gobierno autónomo que nombró suspendido de forma definitiva.

En la mañana del día 7, las tropas entraron en el Palau de la Generalitat y detuvieron a Companys y parte de su gobierno, siendo trasladados al buque Uruguay anclado en el puerto de Barcelona y reconvertido en prisión.

Al poco rato, las calles fueron quedando vacías y todo fue volviendo a la normalidad e incluso un representante de la CNT – desvinculándose de los hechos - aconsejaba por radio a sus partidarios, volver al trabajo y no colaborar con los “partidos burgueses nacionalistas catalanes”.

Pese a los gravedad de los hechos, el general Domingo Batet - encargado de la represión por el gobierno republicano - consiguió dominar la situación con el mínimo de violencia, lo que le valió ataques por parte de ambos bandos e influyó más tarde en el juicio en que - por no secundar el alzamiento militar de 1936 en Burgos - fue condenado a muerte durante la Guerra Civil.

En la rebelión, murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares y el presidente y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados y condenados a treinta años de prisión por "rebelión militar". 

La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente y la Generalidad sustituida por un Consell designado por el Gobierno, con un presidente denominado “Gobernador general de Cataluña”.

Bastantes militantes anarquistas y sindicalistas fueron después detenidos, produciéndose desde entonces un mayor distanciamiento, entre las fuerzas catalanistas burguesas y las masas populares.

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